CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL


Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS


Bogotá D. C., ocho (8) de abril de dos mil dos (2002).-



Ref.: Expediente No. 6791


                               Decide la Corte el recurso de Casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Civil Familia-, proferida el 11 de junio de 1997 en el proceso ordinario incoado por EDGARDO SPATH POLO contra la sucesión ilíquida de JOSE SPATH SPATH, la señora SUSANA SPATH DE SPATH como cónyuge sobreviviente, y herederos indeterminados del mismo.



I. ANTECEDENTES

                               

                               1. Mediante demanda que por reparto correspondió al Juzgado Cuarto (4º.) Promiscuo de Familia de Cartagena, el demandante incoó proceso ordinario de filiación natural con petición de herencia contra los demandados citados, para que, en la sentencia se adoptaran las siguientes declaraciones y condenas:


                               1.1. Que se declare que el señor EDGARDO SPATH POLO nacido el 26 de abril de 1937 es hijo natural o extramatrimonial del señor JOSE SPATH SPATH, concebido con la señora INOCENCIA POLO LOPEZ y que en tal condición se le adjudique la cuota herencial en la proporción que legalmente le corresponde.


1.2. Que se comunique la sentencia al proceso de sucesión del señor JOSE SPATH SPATH si lo hubiere, para los efectos legales a que haya lugar, lo mismo que al Notario que corresponda a fin de que proceda a efectuar las correcciones y anotaciones pertinentes.

                                                               


                               2. Las pretensiones anteriores se fundaron en los hechos que se resumen así:


                               2.1. El señor José Spath Spath sostuvo relaciones sexuales con la señora Inocencia Polo López en el municipio de Cereté (Córdoba), las que comenzaron en el año de 1935 de las que nació el 26 de abril de 1937 en Cereté (Córdoba), el demandante Edgardo Spath Polo.


                               2.2. Desde el nacimiento del demandante el señor José Spath Spath empezó a tratarlo como su hijo y en esa calidad lo presentaba a sus amigos y relacionados, a tal punto que cuando la señora Inocencia Polo López se trasladó temporalmente a la ciudad de Barranquilla, el presunto padre los visitaba, hospedándose en el Hotel El Prado, donde los mandaba llamar.


                               2.3. Edgardo Spath Polo cursó estudios de Administración de Empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá durante los años 1965 - 1969 y en este tiempo el señor José Spath Spath no lo desatendió en ningún momento y le mandaba todo lo necesario, como gastos de pensión, vestuario, alimentos, etc.


                               2.4. Al promediar el año 1978, el actor, instalado en el municipio de Cereté, fundó junto con Fernando García Angulo un establecimiento de comercio denominado Central de Granos, que fue objeto de un voraz incendio que lo destruyó totalmente, por lo cual, los dos socios viajaron a Cartagena y explicaron lo sucedido al presunto padre del actor, quien le proporcionó a este último la suma de $300.000.oo para que reactivara el negocio, cantidad que devolvió con intereses, con lo que le produjo satisfacción a su padre por el orden  y celo desplegado en la actividad comercial.


                               2.5. El Señor José Spath Spath falleció el 4 de septiembre de 1993, fecha en la cual por mandato de la ley se defirió su herencia a sus herederos.


                               2.6. El trato de padre a hijo entre el causante y el actor duró desde el nacimiento de este último hasta la muerte de aquel.


                               2.7. Todo parece indicar que el señor José Spath Spath no otorgó testamento, por lo que el proceso de filiación natural así como la petición de herencia se regirá por las normas de la sucesión intestada.

       

                               2.8. El demandante desconoce otros herederos del señor José Spath Spath, por lo que la demanda la dirige indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, quienes deben ser emplazados de conformidad con el C. de P.C.


                               2.9. El señor José Spath Spath era propietario de diversos bienes ubicados en Cartagena, que relaciona el actor en el libelo y que forman parte de la acción de petición de herencia.



                               3. Una vez admitida la demanda se ordenó correrle traslado a los demandados. Emplazados la cónyuge supérstite y los herederos indeterminados, a estos últimos se les nombró curador ad litem, quien una vez notificado la contestó manifestando, acerca de los hechos que deben probarse pues no le constan y se atiene a lo que resulte probado en el proceso. El apoderado designado por la cónyuge sobreviviente Susana Spath de Spath y por José Spath Spath, para que los representara en el proceso no contestó la demanda.


                               4. La primera instancia culminó con sentencia de fecha 15 de octubre de 1996 (fls. 87 a 95 cd. 1) mediante la cual el Juzgado 4º. Promiscuo de Familia de Cartagena acogió las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la parte demandada y ordenó la consulta del fallo.


                               5. Tramitado en legal forma el grado de consulta, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en sentencia del 11 de junio de 1997 (fls. 7 a 24 cd.5) revocó totalmente el fallo consultado.


                               6. Inconforme con la decisión anterior, el demandante formuló recurso de casación cuya demanda estudia ahora la Corte.



II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL


                               Después de hacer un recuento del litigio y de la actuación procesal adelantada, el Tribunal Superior de Cartagena precisa que por no observarse causal de nulidad y concurrir los presupuestos procesales, procede a decidir de fondo.                                


                               A continuación señala que la demanda se apoya en las causales contenidas en los numerales 4º. y 6º. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, y que respecto de la segunda se deben acreditar sus tres elementos constitutivos: el trato, la fama y el tiempo, los cuales consisten, el primero, en que el presunto padre atendió las necesidades del hijo, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento, mediante actos constantes, regulares y públicos; la fama, es decir, que los deudos, amigos y vecindario en general lo reputen como hijo, que las personas relacionadas tengan el convencimiento de la paternidad por hechos positivos del pretenso padre; y el tiempo, requisito según el cual, los actos determinantes de la posesión notoria del estado de hijo, han perdurado por lo menos, durante cinco años. Estos tres elementos deben probarse por un conjunto de testimonios fidedignos que lo establezcan de modo irrefragable.


                               Pasa luego el ad quem a efectuar un extracto de las declaraciones de los testigos que depusieron en el proceso: ANTONIO JOSE ARGEL ARGEL, FERNANDO GARCIA ANGULO, CARMEN MERCEDES PATERNINA DE GARCIA, GABRIEL SPATH SPATH y JOSE GABRIEL JIMENEZ CAMARGO, pues la rendida por ALFREDO SPATH LORA no la valora por haber sido solicitada, practicada e incorporada por fuera de la oportunidad legal, de conformidad con el artículo 183 del C. de P.C.


                               En sentir del Tribunal, de ninguna de las declaraciones anotadas se puede inferir el trato carnal entre el causante José Spath Spath y la señora Inocencia Polo López en la época en que se presume que debió ocurrir la concepción del demandante, pues Antonio José Argel dijo no conocer a la madre del actor; Fernando García, Carmen Mercedes Paternina y José Gabriel Jiménez, la conocieron después de nacido Edgardo por la amistad con éste; Gabriel Spath manifestó no saber nada. Por lo tanto, no aparece probada la primera de las causales de presunción de la paternidad invocada, esto es, las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre para la época en que, de conformidad con la ley, ha debido producirse la concepción.


                               Respecto a la segunda de las causales aducidas, la posesión notoria del estado de hijo, el Tribunal analiza los presupuestos que la estructuran, comenzando por el trato, del que indica que para configurar este presupuesto se requiere de la existencia de hechos positivos realizados por el presunto padre, no la simple apreciación personal de los testigos, pues esta demostración debe ser irrefragable, indubitable, revestida de seguridad, por lo que el tratamiento cariñoso, afable, especial “y aún paternal” que un hombre ofrezca a su presunto hijo, no basta por sí solo para declarar probada la causal, porque faltarían los actos constantes y públicos que tendieran a la subsistencia, educación y establecimiento, que son el verdadero sustento para declarar probada la causal.


En efecto, el testigo ANTONIO JOSE ARGEL ARGEL, dice que el demandante es hijo de José porque los vio juntos en el negocio de grano y su trato era de padre a hijo, pero no da hechos indicadores de su apreciación.


                               FERNANDO GARCIA ANGULO, es el típico testigo “de oídas”, sabe lo que le contó el demandante sin que le conste realmente nada, únicamente las buenas relaciones del actor con la familia Spath que vivían en Cereté, quienes “lo reconocían”.


                               JOSE GABRIEL JIMENEZ CAMARGO, manifiesta únicamente que el señor Spath trataba al demandante como su hijo, sin indicar ninguna razón de la ciencia de su dicho, sino que, por el contrario al volverle a preguntar si el causante dio el trato de hijo al actor desde su nacimiento hasta la muerte de aquel, dijo no saber nada de eso o del préstamo que se afirma en la demanda, le hizo el presunto padre.


                               CARMEN MERCEDES PATERNINA, es el único de los testigos que da detalles del trato entre padre e hijo cuando era empleada de la Sociedad L y J Spath, pero esta declaración se contradice con la afirmación del señor GABRIEL SPATH SPATH, representante y socio de dicha sociedad en algunas ocasiones, quien dijo que la testigo nunca había sido empleada de él o de la empresa, lo que le resta toda credibilidad a su dicho.


                               En síntesis, considera el Tribunal que no se encuentra demostrado el trato inequívoco de padre a hijo a que se refiere el artículo 6º. de la Ley 45 de 1936, por cuanto los tres primeros testigos relacionados no señalan hechos concretos que se puedan atribuir al causante, tendientes a proveer las necesidades de su presunto hijo, sus afirmaciones son sólo apreciaciones subjetivas, y la cuarta testigo carece de verosimilitud, y agrega el ad quem que, así se le otorgara credibilidad, no se puede establecer el término mínimo de duración de dicho trato,  cinco años por lo menos, pues ella se refiere a un término de dos años y medio aproximadamente.


                               Agrega el Tribunal que aunque la Ley 75 de 1968 hizo más flexible y asequible la investigación de la paternidad extramatrimonial, pudiendo examinarse las pruebas sin excesiva rigidez, la jurisprudencia reiteradamente ha indicado que para evitar caer en la arbitrariedad, la prueba de esta causal, la posesión notoria, debe cumplir las exigencias legales que la regulan, y a continuación cita una sentencia de esta Corporación en la que se hace énfasis en que para declarar la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial no bastan el trato y la fama, “…ya que éstos necesariamente debían derivarse o provenir de actos manifiestos y precisos que hagan relación con la crianza o establecimiento o subsistencia del hijo, por un período no inferior a cinco años”.


                               Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Tribunal revoca la sentencia del a quo y niega las pretensiones del actor.


III.  LA DEMANDA DE CASACION


               Dos cargos esgrime el recurrente contra la sentencia compendiada para sustentar el recurso extraordinario de casación, con fundamento en la causal primera prevista en el artículo 368 del C. de P.C., los cuales se despacharán conjuntamente por tener elementos comunes, dada su íntima conexidad por los planteamientos que contienen.


                               PRIMER CARGO :


                               El recurrente acusa la sentencia del Tribunal por violación indirecta de la ley sustancial proveniente de error de hecho manifiesto en relación con la prueba testimonial rendida, y en especial por Arsenio José Argel Argel y Carmen Mercedes Paternina de García, por cuya causa dejó de aplicar el artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, modificatorio del artículo 4º. de la Ley 45 de 1936.

                                                               

                               Considera el censor que el Tribunal incurrió en el error anotado, al no ver la existencia de las pruebas señaladas, cuando lo cierto es que demuestran que se configuran los presupuestos que, según la doctrina y la jurisprudencia, se requieren para declarar la paternidad extramatrimonial por la causal de la posesión notoria del estado de hijo, como se observa al extractar las declaraciones de Antonio José Argel y Carmen Paternina.


                               Para sustentar su afirmación, el recurrente cita la sentencia de esta Corporación del 26 de septiembre de 1973 en la que se indica que, cuando se trata de la posesión notoria del estado de hijo como causal para declarar la paternidad, de los hechos afirmados en las declaraciones es de donde se pretende deducir la paternidad, por un razonamiento lógico, por cuanto además, no es jurídico exigir que cada uno de los testigos se refiera a un período de tiempo superior a los cinco años, sino que basta que sumados los señalados por cada uno, superen ese lapso. Respecto a la notoriedad de la posesión, cita igualmente jurisprudencia de la Corte que sostiene que “basta que los hechos se exterioricen ante un conjunto de personas por signos inequívocos, para que la filiación, por dejar de ser oculta, se haga notoria…” y por lo tanto no era secreta para el vecindario, aunque no se preocupen por averiguarlo.


                               Afirma el casacionista que este error fáctico llevó al Tribunal a dejar de aplicar el artículo 6º. de la Ley 45 de 1936 y el numeral 6º. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, y en consecuencia, a revocar la sentencia del a quo, y que de no haberse presentado esa violación, el ad quem hubiera confirmado el fallo consultado en el que se reconoce al demandante como hijo extramatrimonial del señor José Spath Spath con todas sus consecuencias.


SEGUNDO CARGO :


                               El recurrente acusa la sentencia impugnada de ser violatoria indirectamente de la ley sustancial, proveniente de error de hecho manifiesto respecto de la prueba indiciaria que existe en el proceso, de la cual se deduce que la parte pasiva integrada por Susana Spath de Spath y José Spath Spath estaban de acuerdo con la sentencia de primera instancia, y en consecuencia, el Tribunal dejó de aplicar el artículo 6º. de la Ley 45 de 1936 y el numeral 6º. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968, modificatorio del artículo 4º. de la Ley 45 citada.


                               El error de hecho manifiesto en que incurrió el Tribunal proviene de no haber visto la existencia de una pluralidad de indicios graves, precisos y conexos, de los que junto con la prueba testimonial, era posible deducir los elementos estructurales de la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial del demandante con respecto a José Spath Spath.


                               Señala el censor que los indicios son una prueba lógica e indirecta y su función únicamente es suministrarle al juez una base cierta de la cual pueda inferir, mediante razonamiento lógico basado en la experiencia o en conocimientos técnicos o científicos especializados, un hecho desconocido que se investiga. Esta prueba tiene una gran importancia para suplir la falta de pruebas históricas del hecho investigado y de su verificación por el juez.


                               Afirma que en la providencia del Tribunal se dejaron de apreciar los siguientes indicios: a) La parte demandada, una vez vinculada al proceso no contesta la demanda. b) Comparecen y no se oponen a las pretensiones. c) Siendo desfavorable para ellos la sentencia de primera instancia, no la apelaron, lo que demuestra su acuerdo tácito con su contenido.

               

                               Indica que este error fáctico llevó al Tribunal a dejar de aplicar las normas anteriormente señaladas y a revocar la sentencia de primera instancia, decisión que infringió el derecho del demandante de haber sido declarado hijo extramatrimonial, como lo pretendía en la demanda.                

                               

CONSIDERACIONES DE LA CORTE :


                               Estos cargos se despachan conjuntamente circunscrita la Corte exclusivamente a los temas propuestos por el recurrente y según su fundamentación. Se hace esta advertencia porque el tema de la irrevocabilidad de la sentencia de primera instancia en cuanto se refería a la declaración de filiación frente a los herederos conocidos, por tratarse de un litisconsorcio facultativo, caso en el cual la consulta se debía surtir solamente a favor de los herederos indeterminados, no se trajo a casación.


Dentro de la estructura de la causal 1ª. de casación cuando con respaldo en ella se acusa el fallo impugnado por violación indirecta de la ley, como consecuencia de los errores de hecho en la apreciación de las pruebas, le corresponde al impugnante ajustar su proceder a ciertas exigencias técnicas, cuya omisión lleva indefectiblemente al fracaso del respectivo cargo.


Entre dichas exigencias se encuentran las siguientes:

La exposición de los fundamentos de la acusación debe hacerse en forma clara y precisa, como lo señala el artículo 374 del C. de P.C., a lo que se opone el ataque genérico e indiscriminado; es necesario que frente a cada prueba, debidamente determinada, la censura demuestre en dónde se halla el error de hecho manifiesto, pues el ataque no puede limitarse a plantear un análisis crítico sobre las conclusiones fácticas del fallador, sin señalar a su vez, en cuáles medios de convicción se presenta el error, dejando esa labor a la iniciativa del juzgador; igualmente debe determinar qué conclusión sacó el Tribunal en relación con dichas pruebas, para enseguida especificar qué es, en su criterio, lo que la prueba demuestra, a fin de verificar el error en que incurrió el sentenciador y que como consecuencia de éste, se violaron las normas de derecho sustancial señaladas y el concepto de la violación.


Estos requisitos de técnica no se cumplen cabalmente en los cargos que se examinan, por el contrario denotan la contraposición señalada anteriormente, como se demuestra a continuación:


  1. Se apoya la censura en la causal primera de casación y denuncia la infracción indirecta de distintas normas sustanciales como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.


  1. Los cargos ostentan una precaria fundamentación, carente de claridad y precisión, lo cual se evidencia con la simple lectura de la demanda, pues el censor se apoya de manera cardinal en las declaraciones de dos testigos ANTONIO JOSE ARGEL ARGEL y CARMEN MERCEDES PATERNINA DE GARCIA, y no trae sino una referencia global e indiscriminada del elenco probatorio en que descansa la sentencia impugnada.


3- En el primer cargo no especifica con la exactitud debida, en qué consistió la errónea apreciación de la prueba testimonial, sino que se limita a transcribir apartes de dos de las declaraciones rendidas, lo mismo que jurisprudencia de esta Corporación, pero sin desvirtuar la apreciación que de dichas pruebas hizo el Tribunal con fundamento en la cual desechó las pretensiones de la demanda, y en relación con el segundo cargo, se limita a efectuar un alegato de instancia sin hacer ninguna referencia a lo que el ad quem manifestó en su fallo. Es decir, de conformidad con lo compendiado anteriormente, los cargos no reflejan el empeño suficiente en orden a demostrar los errores de hecho que se le endosan al sentenciador, sino que su hallazgo se deja librado a la iniciativa de la Corte.


                               Sobre este particular, ha sostenido invariablemente esta Corporación que la carga de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 ib., labor que como lo tiene dicho la jurisprudencia, “tiene que concretarse en establecer que el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en los autos o ha ignorado la presencia de la que sí está en ellos, hipótesis estas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición) o por cercenamiento del mismo (preterición). Ahora bien, es preciso que la conclusión sobre la cuestión de hecho a que llegó el sentenciador por causa de dicho yerro en la apreciación probatoria sea contraevidente, esto es, contraria a la realidad fáctica establecida por la prueba…”, porque si el desacierto corresponde a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos meticulosos y detallados, dejaría de ser evidente o manifiesto como lo exige la ley, evento en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia que se combate, no solamente porque ésta ingresa al recurso de casación precedida de la presunción de acierto, sino porque este medio de impugnación no es una oportunidad adicional para debatir ampliamente las circunstancias fácticas del proceso, como una instancia más. Por otra parte, como se ha señalado, el error de hecho para que se estructure, además debe ser trascendente, es decir, de tanta importancia en los resultados de la decisión, que de haberse apreciado la prueba en la forma como el censor lo muestra, el Tribunal hubiese tenido que llegar a una conclusión diferente de la que plasmó en la sentencia.


                               4- En el caso en estudio, el error de hecho que se atribuye al Tribunal se encuadra en la equivocada estimación de la prueba testimonial y en la falta de apreciación de indicios que en concepto del censor, se observan en el expediente. Acerca de lo primero, del conjunto de testimonios rendidos, el ad quem no encontró probadas las causales de paternidad impetradas, por lo que resulta pertinente indicar que a partir de los principios implantados por la Ley 75 de 1968 sobre el derecho de toda persona humana a conocer quiénes son sus progenitores, la Corte ha considerado que la ponderación de los testimonios traídos para acreditar las causales de filiación “tiene que quedar a la cordura, perspicacia y meditación del juzgador, quien tiene que analizarlos con ponderada ecuanimidad de criterio, considerando las circunstancias personales de cada testigo, el medio en que estos actúan; evaluándolos no uno a uno sino en recíproca compenetración de sus dichos, a fin de determinar hasta dónde han de ser pormenorizados los datos que cada testigo aporte, y, en fin, sopesar todos los elementos de juicio que le permitan el convencimiento interior afirmativo o negativo de la filiación deprecada. Y si la sentencia de instancia que así lo deduzca no se sitúa ostensiblemente al margen de lo razonable, o si no contradice manifiestamente lo que la prueba testifical indica, tiene que permanecer y mantenerse inmutable en casación, pues en esas precisas circunstancias a la Corte le queda vedado modificar o variar la apreciación probatoria que el fallo impugnado trae”.


                               Respecto a la presunción de paternidad extramatrimonial en estudio, la posesión notoria del estado de hijo, es preciso puntualizar que se estructura cuando durante cinco años continuos por lo menos, el padre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento, y que por ese comportamiento los deudos o amigos, y el vecindario en general, reputan a este último como hijo de dicho padre. Lo anterior significa que al aceptar la ley la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial como una de las causales para obtener judicialmente la declaración de ese estado civil, la enmarca dentro de unas circunstancias muy precisas para su demostración, esto es, que deben probarse los tres presupuestos sobre los que se encuentra edificada, el trato, la fama y el tiempo, de manera “…plena, segura, cierta y convincente.”


                               Al descender al presente caso, y en cuanto a la acusación sobre la valoración de los testimonios por parte del Tribunal, lo cierto es que no logra el censor, con sus breves comentarios, descalificar el análisis efectuado en relación con esta prueba en la sentencia, no demuestra ni mucho menos hace ver el error de hecho que denuncia, error que como se dejó explicado anteriormente, implicaría que la única inteligencia posible sobre esas pruebas sea aquella de la que el recurrente se sirve, poniendo en evidencia un nítido desacierto en lo dicho por el sentenciador; no siendo así las cosas, la opinión del recurrente acerca de la prueba en cuestión, no constituye base suficiente para casar el fallo.


                               En efecto: el Tribunal estimó que con los testimonios rendidos en el proceso por ANTONIO JOSE ARGEL ARGEL, FERNANDO GARCIA ANGULO, CARMEN MERCEDES PATERNINA DE GARCIA, GABRIEL SPATH SPATH y JOSE GABRIEL JIMENEZ CAMARGO, no se había demostrado el tratamiento inequívoco de que habla la ley, dado por el presunto padre al demandante, como tampoco el tiempo mínimo requerido para poder declarar la paternidad por la causal invocada, conclusiones que no fueron combatidas por el censor en la demanda, sino que, como ya se dijo, se limitó a transcribir apartes de dos de las declaraciones, las de CARMEN MERCEDES PATERNINA y ANTONIO JOSE ARGEL, y jurisprudencia de la Corte, pero sin efectuar la necesaria comparación entre lo dicho por los testigos y lo interpretado por el ad quem, a fin de evidenciar el yerro del juzgador.


                               Antes de analizar la acusación formulada en el cargo segundo y por cuanto el artículo 399 del C.C. señala que “La posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable”, considera la Sala necesario rememorar lo que de vieja data ha venido sosteniendo en relación con la prueba de la posesión notoria del estado de hijo: “Por la naturaleza misma de los hechos que configuran la posesión notoria es lógico que la ley se haya referido de modo especial a la prueba de testigos la cual, sin embargo no excluye de manera alguna otra clase de pruebas que sean pertinentes y legalmente eficaces para demostrar el trato y la fama, y por ende para constituir el conjunto de testimonios, sino que, antes, por el contrario, lo deseable es que la convicción del juez pueda tomarse no sólo a través de la prueba testimonial…. sino también por otros medios que sean corroborantes del dicho de los testigos, en este forma, se logra el propósito del legislador, de que la posesión notoria del estado de hijo haya sido establecido de un modo irrefragable”.


                               Y posteriormente señaló que: “De igual manera, se advierte previsión legal para entender la certeza probatoria de los elementos que estructuran la posesión notoria -el trato, la fama y el tiempo- por el juzgador ‘con un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de un modo irregrafable’ -artículo 399 del Código Civil-, aún cuando doctrinariamente se ha ampliado porque ‘los otros medios autorizados por la tarifa legal, tales como los antecedentes escritos, cartas, instrumentos públicos, presunciones, etc, no quedan excluidos ya que ellos pueden contribuir a esa certidumbre que debe formarse el juzgador’”.


                               Y en jurisprudencia mas reciente precisó que: “Cabe advertir de otro lado que el sentenciador ad-quem no tomó la prueba documental, así como tampoco la pericial a que alude la censura, como principal para arribar a la conclusión a que llegó en punto a las relaciones sexuales alegadas o a la prueba de la posesión notoria, sino apenas como corroborantes de la testifical, luego frente a tales proposiciones decisorias formadas del conjunto, no puede oponerse, con virtualidad para desvanecerlas, el parecer personal del casacionista frente a pruebas aisladas o desarticuladas, todavía con mayor razón si no se acredita, con la claridad indispensable, que se trata de pruebas decisivas que pesan e influyen realmente en el resultado de la litis que se busca descalificar en procura de su infirmación”.


                               Pasa ahora la Corte a estudiar la acusación formulada en el segundo cargo, es decir, la falta de apreciación de los indicios derivados de la conducta procesal de los demandados Susana Spath de Sapth y José Spath Spath por no haber contestado la demanda y no haberse pronunciado expresamente sobre los hechos y pretensiones señalados en el libelo, y por no haber apelado la sentencia de primera instancia que les había sido adversa, sobre los que el artículo 95 del C. de P.C. indica que tal conducta “será apreciada por el juez como indicio grave”, y a su vez el artículo 249 ib.  señala que “el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes”.


                               Respecto a la prueba de indicios, en donde, de conformidad con el artículo 248 del C. de P.C., el fallador debe hallar plenamente acreditado en el proceso el hecho del cual, por inferencia lógica, se deriva con mayor o menor fuerza otro hecho desconocido,  juega un papel fundamental el análisis de cada hecho en particular y de todos ellos en conjunto, en donde el juez habrá de utilizar la lógica y su sentido común basado en las reglas de la experiencia, de todo lo cual dejará constancia, al exponer el poder persuasivo que le produce no solamente cada prueba sino todas ellas en su conjunto y que se concreta en el sentido de la decisión que adopta.


                               De otra parte, esta Corporación al dejar definidos los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria a fin de que sea apta para demostrar los hechos aducidos en el proceso, ha considerado que esta prueba, fuera de ser conducente, debe excluir la posibilidad de que la conexión entre los dos hechos, indicador e investigado, sea aparente, o que el indicador sea falsificado por un tercero o por una de las partes, que la relación de causalidad aparezca clara y cierta, que haya pluralidad de indicios si son contingentes y que éstos sean graves, concordantes y convergentes, que no haya contraindicios que no puedan descartarse de manera razonable, ni pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios, que se hayan eliminado otras posibles hipótesis, y que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura por el pleno convencimiento de la certeza del juez.

               

                               Por lo demás, si bien el código de procedimiento civil no clasifica los indicios, y sólo en algunos casos los señala como graves, la doctrina en términos generales diferencia entre los indicios necesarios y los contingentes, al considerar que los primeros son aquellos en que probado el hecho indicador, éste demuestra la existencia del hecho desconocido de manera inexorable, y los segundos, los que según la fuerza indicadora del hecho conocido o indicador, permiten inferir hechos desconocidos con mayor o menor certeza. Estos últimos pueden ser graves o leves según la probabilidad de conducir al hecho desconocido que se quiere establecer.

       

                               Los anteriores razonamientos constituyen guías para el análisis particular de los indicios que el censor afirma que el Tribunal no dedujo, tanto sobre la base de que el hecho indicador estaba probado, como también bajo el supuesto de que las inferencias deducidas tenían cierto nivel de gravedad que debieron haber conducido, por su conexidad y convergencia a la declaración de paternidad.


                               Aunque es innegable que el fallador pasó por alto esta prueba de indicios, desde luego sin desdeñar que la conducta procesal de los demandados no es la adecuada, dicha omisión carece de aptitud para infirmar el fallo en este asunto, pues para tal propósito se requiere que su ponderación hubiese llevado al Tribunal a resolver el litigio en forma distinta, declarando la paternidad reclamada, trascendencia de la que carece la prueba subestimada, pues estos indicios, calificados como graves, no necesarios, por sí mismos no constituyen plena prueba, dadas las particulares exigencias de la posesión notoria, esto es, la prueba irrefragable de la alegada posesión, es decir, no determinan en la forma exigida por la ley, los elementos constitutivos del tratamiento inequívoco del presunto padre para con el hijo, relacionados con su establecimiento, sostenimiento y educación, carga procesal que debe asumir el demandante y sobre los cuales, como lo ha enseñado esta Corporación, “nunca, en ningún caso, se ha declarado por la jurisprudencia que la parte interesada en la declaración del estado de hijo natural, pueda probarla de cualquier manera, y mucho menos que esté relevado de acreditar que el presunto padre le dio el tratamiento de hijo, traducido en que proveyó a su subsistencia, educación y establecimiento, por un lapso no inferior a cinco años, y ser tal, que haya generado la fama, ante sus deudos y amigos, o ante el vecindario del domicilio en general, de que ese tratamiento no obedece a cosa distinta del vínculo filial. Ha hecho énfasis, además, en que respecto de esos precisos hechos debe recaer plena prueba, pues ‘mientras no se aporte la demostración idónea de los mismos, no puede el fallador de instancia acceder a las peticiones de la demanda, pues constituyendo indicios de los hechos que configuran los precisos casos en que hay lugar a declarar por la jurisdicción la paternidad natural, para que esos hechos, según el precepto contenido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, puedan considerarse como indicios de paternidad natural, deben estar plenamente probados’”.                                


                               Por otra parte, como lo ha sostenido esta Corporación, para quebrar una sentencia con fundamento en la prueba indiciaria, dada la presunción de veracidad de que viene precedida, es necesario que el recurrente demuestre que el análisis en conjunto del acervo probatorio efectuado por aquel es contraevidente, bien por extraer deducciones de hechos no probados, bien por preterición de los acreditados, suficientes por sí mismos para imponer determinaciones contrarias a las tomadas en el fallo impugnado.                


                               Además de lo anterior, la legislación colombiana desde tiempo atrás ha establecido que los indicios, además de convergentes y contingentes, deben ser plurales, de ahí que el artículo 250 del C. de P.C. determine que el juez debe apreciarlos en conjunto, sin que puedan considerarse, como lo señala la doctrina nacional y extranjera, como indicios distintos los que tienen un mismo origen respecto a su prueba, ni los que constituyan momentos sucesivos de un mismo hecho.


                               Lo anterior viene al caso por cuanto en el presente proceso, aunque el recurrente señala que el Tribunal dejó de apreciar diferentes indicios, lo cierto es que todos se refieren a un mismo hecho: la conducta procesal de la parte demandada, lo que descarta de plano uno de los requisitos exigidos para que esta prueba pueda considerarse apta para declarar en este caso, la paternidad deprecada. Por lo demás, la conducta procesal en principio no es un indicio necesario por cuanto razonablemente puede tener otras causas.


               5- Sentados los anteriores criterios, se tiene que el Tribunal revocó el fallo de primera instancia luego de valorar en conjunto las pruebas obrantes en el proceso de conformidad con las reglas de la sana crítica, resumiendo en primer lugar lo que consideró destacable de cada uno de los testimonios recibidos y de allí concluyó que “No se encuentra demostrado el tratamiento inequívoco de que habla el artículo 6º. de la Ley 45 de 1936, y aunque se le otorgara algo de credibilidad a la testigo CARMEN MERCEDES PATERNINA, no se podría establecer el término mínimo de duración del quinquenio, puesto que élla (sic) señala un período de dos años y medio aproximados.”, que no es suficiente para establecer la presunción de paternidad impetrada, pues como lo ha reiterado la Corte: “…según el artículo 9º. de la Ley 75 de 1968, sustitutivo del artículo 398 del Código Civil, ‘Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por lo menos”.


                               En síntesis, el Tribunal al analizar el contenido de las declaraciones en su conjunto, no las encontró suficientes para dar por establecida la posesión notoria del estado de hijo del demandante con respecto al causante José Spath Spath, apreciación que corresponde al poder discrecional del fallador de instancia para valorar las pruebas, quien no incurrió en arbitrariedad o contraevidencia respecto de lo narrado por los testigos, por lo que ha de concluirse que los reparos invocados no estructuran los errores de hecho que se le enrostran en la apreciación probatoria, pues como lo ha reiterado esta Corporación, no hay error de hecho cuando la interpretación del juzgador del acervo probatorio resulta razonable y lógica, a pesar de que la que exponga el censor también puede serlo, siempre, claro está, que dicha interpretación se enmarque dentro de los márgenes de la lógica y la razón.


               En consecuencia los cargos no prosperan.


DECISION


                               En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 11 de junio de 1997 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso ordinario de filiación natural y petición de herencia incoado por EDGARDO SPATH POLO contra la sucesión ilíquida de JOSE SPATH SPATH, la señora SUSANA SPATH DE SPATH como cónyuge sobreviviente y los herederos indeterminados del mismo.


                               Condénase en costas del recurso a la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.


                       NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE  EL EXPEDIENTE  AL TRIBUNAL DE ORIGEN.




NICOLAS BECHARA SIMANCAS




MANUEL ARDILA VELASQUEZ




JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





JORGE SANTOS BALLESTEROS





SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO